Charla sobre la Ley de Producción Pública de Medicamentos

“El Estado cobra un papel principal, 

en el que la presencia o ausencia de Estado

 constituye toda una actitud política... 

el Estado deberá poner igualdad allá 

donde el mercado excluye y abandona.”

Néstor Kirchner

En el marco de la numerosa cantidad de políticas públicas de salud impulsadas desde el kirchnerismo, los compañeros de La Cámpora Núñez Comuna 13 y Comuna 12 organizaron la charla "Los medicamentos como bienes sociales" en la unidad básica de Villa Pueyrredón el viernes 8 de junio. Militantes y vecinos debatieron sobre la problemática y se interiorizaron en los avances logrados desde el 2003 y los desafíos que se le plantean al Estado.

Presentado por el referente de La Cámpora Núñez, Juan Manuel "Tati" Bruno, el compañero farmacéutico Pablo Ballester brindó información sobre diversas leyes y programas que dan cuenta de la recuperación del rol estatal en esta materia. En ese sentido, se destacó la Ley Pública de Medicamentos implica que el Estado investigue y desarrolle medicamentos que muchas veces no son producidos por los laboratorios ya que no los consideran rentables, por ejemplo el mal de Chagas.

 Como ejemplos de los avances producidos desde el 2003, se mencionaron la Ley de Genéricos, el plan remediar, la provisión gratuita de métodos anticonceptivos, la Ley de salud Mental y el Plan de Vacunación, entre otros.

Como toda decisión política refleja distintas concepciones ideológicas, Ballester contrapuso las políticas públicas del kirchnerismo, que apuntan a un Estado activo y regulador que garantice la justicia social en cuanto a la calidad de vida, con la gestión macrista, que vetó la ley de producción de medicamentos en la Ciudad de Buenos Aires.

Por último, tras describir al mercado del medicamento como "concentrado" y "sujeto a disputas de intereses contrapuestos", Ballestero argumentó que los medicamentos "deben ser considerados bienes sociales por su función de prevenir y curar enfermedades". Por esa razón, destacó que el Estado debe intervenir para garantizar su acceso a todos los argentinos, redireccionar los gastos para lograr eficiencia, evitar la distorsión de precios y los abusos.